VENEZUELA ENTRE LA FRUSTRACIÓN Y LA ESPERANZA

Había salido de casa con suficiente tiempo de antelación. A las 6 pm un grupo de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto había quedado en acercarse a la urbanización Sucre para conocer de cerca los hechos, ver qué se podía hacer y solidarizarse con el dolor de las personas. Hace unas semanas, el miércoles 26 de abril, hubo un procedimiento brutal contra unos edificios y un grupo de jóvenes que manifestaban estuvo a punto de lanzarse al vacío desde el último piso antes de entregarse al SEBIN (Servicios Bolivarianos de Inteligencia) y GNB (Guardia Nacional Bolivariana). Y en el día anterior habían vuelto a ser embestidos por represión nocturna inmisericorde, con historias de vejaciones y allanamientos ilegales, según parece. Por lo que salir a las 2 de la tarde, este 30 de mayo de 2017, en esta calurosa ciudad del centroccidente de Venezuela, parecía suficiente como para acudir antes al odontólogo.

Para evitar contratiempos y percances decidí llenar el tanque de mi carro (coche) de gasolina: unos 24 litros por Bs. 150 en total, unos 0,03 euros según el cambio del mercado paralelo. Tiempo suficiente como para revisar mi celular (móvil) y leer, en el grupo whatsapp de la emisora de radio donde tengo mi programa los domingos, que los abogados del Foro Penal, Pedro Troconis y Abraham Cantillo, están convocando una rueda de prensa.

El Foro Penal es una ONG muy conocida, cuyo fundador, el abogado Alfredo Romero, hacia el 2003 presentó un análisis muy serio sobre los fallecimientos ocurridos durante las manifestaciones en contra del presidente Chávez del 11 de abril del año anterior, que dejaron en entredicho la versión oficial que inculpaba a personas y policías inocentes (esta represión fue el motivo por el que se dio una insubordinación de algunos generales y  que el alto mando militar, liderado el ministro de la defensa, Gral. Lucas Rincón, comunicó al país que “ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”, lo que creó un vacío de poder que fue llenado por un empresario, Carmona Estanga, con una irregularidad tal que supuso, de hecho, un golpe de estado).

El mismo Foro Penal volvió a adquirir gran notoriedad defendiendo a manifestantes detenidos durante las revueltas del 2013 y 2014, y que en este día (30 de mayo) destaca que, luego de 60 días, en Venezuela ha habido 69 muertos, 3000 heridos y 2799 arrestos ( 30/05/2017). Entonces miré mi reloj, vi que tenía tiempo suficiente para acercarme y me dispuse a ir hacia el bufete.

Cuando llegué a la dirección en el centro de la ciudad, donde conviven edificaciones de las de antes con edificios modernos y han sido incrustadas construcciones nuevas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, subí las escaleras del pequeño Centro Comercial llamado Colonial, una edificación de 2 plantas con algunos locales resistentes a la hecatombe que pasa Venezuela, situados a ras de calle. Dos periodistas ya habían comenzado sus anotaciones y, como pude, comencé a grabar las palabras del Dr. Troconis, quien preside el capítulo Lara (es el nombre del estado, que provincias no existen en este país). Denunciaba la manera cómo el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas) estaba conduciendo los allanamientos, por lo visto sin órdenes judiciales, a la urbanización Valle Hondo, de la ciudad dormitorio de Cabudare, al sureste de Barquisimeto; una orden por la que se requería a un menor de edad, y no a su madre; preguntas capciosas, interrogatorios extenuantes, al menos alguna vivienda destroza en la requisa… El día sábado había aparecido muerto un exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana (o que estaba por retirarse, dicen otras fuentes periodísticas), de nombre Danny Subero. Al día siguiente el presidente dio la orden de buscar a sus asesinos “hasta debajo de las piedras”. Y el lunes comenzaron los brutales procedimientos. Si por un lado rechazan y denuncian los procedimientos, también reclaman el trato discriminatorio ante la muerte de manifestantes, por las que no hay tal celeridad.

Agradecí la amabilidad de su atención, tanto en la rueda de prensa como en las pacientes explicaciones que el abogado Pedro Troconis tuvo a bien ofrecerme personalmente.

Comunicado al público en general de parte de distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el Edo. Lara, sobre el uso desmedido de la fuerza y la posibilidad que se utilicen francotiradores para reprimir protestas cívicas y pacíficas. La Arquidiócesis de Barquisimeto suscribió dicho comunicado a través del Sr. Arzobispo, Antonio López Castillo.

En realidad, luego de 60 días de protestas generalizadas en el país, la represión ha ido en aumento. Hay un audio que fue denunciado por diversos grupos de derechos humanos, a los que se sumó la Arquidiócesis en la persona de Mons. Antonio José López Castillo. Este fue difundido por las redes y el Nuevo Herald de Miami. Parecen ser las voces de un grupo de generales, entre ellos el General de División José Rafael Torrealba Pérez, Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Lara (ZODI-Lara), donde discuten y coordinan el uso de francotiradores como medida para reprimir y disolver las marchas opositoras, provocando el terror: “Váyanse preparando con esos efectivos militares que pudieran hacer las veces de francotiradores comenzando por eso, pues con eso, con examen psicotécnico y psicológico”,  “va a llegar el momento, el momento donde vamos a tener que emplearlos [a los francotiradores] y quiero que estemos preparados, porque el Presidente no se va a quedar nada más en una fase verde [de preparación] señores”; “Ya él firmó una banda de operaciones y [tal como] yo dije aquí con el comandante Reyes […] pudiéramos estar al comienzo de una guerra subversiva urbana”. Aunque la lógica es que, cuando comiencen a aparecer muertos, la gente por miedo se va a regresar a sus casas, algunos de los castrenses manifestaron objeciones. Pero en el aire está la orden de ejecución del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”: “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” (Nicolás Maduro). Se estaría desarrollando (o por desarrollar en lo inmediato) la fase II, la fase verde, que implica una alarma mayor.

Esto y el uso de grupos de civiles con armas para aterrorizar la población (paramilitares que se les da el nombre de “colectivos” o “colectivos armados” que aparecen protegidos o flanqueados por Guardias Nacionales), son de por sí alarmantes. Pero en las últimas semanas pareciera más despiadada la represión, inclusive en cantidad de heridos (que son tratados en casas, para evitar ser detenidos en centros de salud). Funpaz, que es otra ONG de defensa de los derechos humanos, ha denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público la aparente fabricación de cartuchos con perdigones de plástico, para controlar y disolver manifestaciones, con una metra o canica de cristal en el centro. Fabricado por Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), que es la industria de armamento del ejército venezolano.

Esta brutal represión ha ocasionado 69 muertes injustificadas. Una de ellas se trató de Manuel Sosa, personaje muy querido en Valle Hondo, uno de los centros más incandescentes de la región. Quedó su imagen de tiempo atrás dándole la mano a un Guardia Nacional, él cubierto el rostro, y diciéndole que él luchaba para legarle a su hijo un mejor país… y que luchaba también por un mejor país para este Guardia Nacional. Sus últimas palabras, luego que fuera alcanzado por un proyectil, disparado a sus espaldas, cuando corría para refugiarse, y que le impactó en el cuello, mientras huía (los protocolos internacionales prohíben el uso de armas de fuego para repeler manifestaciones, excepto agotados otros recursos y en caso excepcionales de defensa de la vida del funcionario o de otra persona, y no deben usarse de manera letal), fueron “no me dejen morir, que tengo un hijo”. Pero nada se pudo lograr: horas más tardes ya había fallecido, como lo comunicó José Barreras, el alcalde de Palavecino, a la que pertenece Valle Hondo, en su cuenta twitter.

Su sepelio combinó dolor y deseos de lucha. Y en ese ambiente de sentimientos encontrados y contradictorios, un personaje tenía una actitud extraña: según dicen, tomaba fotos y videos… y hasta selfies con el féretro detrás suyo. Cuando alguno de los asistentes se acercó y le increpó, dicen que negó que estuviera pasando algo. Se le sustrajo su teléfono y este evidenció el trabajo de recolección de imágenes que estaba realizando. Luego se le consiguió un carnet que lo acreditaba como Danny Subero, teniente de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana). A partir de ese momento y en cuestión de segundos fue tildado como “infiltrado” (cuestión que ocurre en manifestaciones). Su motocicleta, en la que pretendió huir, fue quemada, recibió toda clase de golpes, fue desnudado y arrastrado por la calle. Una hora más tarde pudo ser rescatado, por negociaciones con el grupo que lo tenía retenido (el sepelio había seguido su rumbo al cementerio) por la Policía Estatal (PoliLara).

Los policías lo llevado al ambulatorio Don Felipe Ponte. Entró delicado y fue estabilizado por el Dr. Domingo Verde. Y fue referido al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Por lo visto, fue la policía la encargada de llevárselo. El galeno dice que presentaba que a su ingreso en el ambulatorio presentaba “traumatismo craneoencefálico severo, desviación del tabique nasal y escoriaciones. Llegó bastante delicado, ese fue el diagnóstico (…) Yo respondo por el estado en el que salió de aquí, no sé qué pasó después”. Por lo tanto, los disparos con los que llegó muerto al Hospital ocurrieron después que saliera del Ambulatorio (“la autopsia arrojó que Danny presentó heridas por arma de fuego en la región infraescapular derecha y en el antebrazo derecho”) ¿Qué pasó cuándo lo trasladaba PoliLara y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Hasta ahora no se sabe? La Fiscalía anunció una investigación y el presidente ordenó buscar hasta debajo de las piedras. Mientras tanto la población de Valle Hondo y Las Mercedes están aterrorizadas por las amenazas y el procedimiento del CICPC.

El tiempo de espera en el consultorio odontológico fue de reflexión. Lo que pasa en Lara, pasa en el resto del país. Unos funcionarios en otro funeral, en Lecherías, en el oriente, fueron desnudados y dado una soberana golpiza, sin atentar contra su vida. El gobierno se juega la carta de la represión y la constituyente, quizás para establecer un estado comunal, o sea comunista, la oposición, con sus líderes más emblemáticos o encarcelados o inhabilitados para actuar en política, tienen que mantener la protesta en todo el país. Es lo que se llama una huida hacia delante. Por la manera como se propone la elección de los diputados constituyentes, pareciera precipitada. Es decir, se estaba urdiendo hace tiempo, de ahí una serie de oscuras maniobras que esquivan una votación universal y la cambian por una sectorial y por circunscripciones (como el colegio electoral norteamericano), pero el momento quizás fue adelantado, sin las alianzas internas debidas y con la calle encendida. Buscando apoyos en la Conferencia Episcopal Venezolana, que lo negó, y con el distanciamiento de la Fiscal General, Dra. Luisa Ortega Díaz; un par de magistrados del Tribunal Supremo niegan incluso su legitimidad y personalidades del chavismo (no en funciones públicas) también han marcado su distancia. Esto sin considerar personalidades en general.

Que el poder se fracture internamente para intentar amanecer a otra realidad política, es una aspiración. Pero la sombra luctuosa de quien se niega a renunciar y la sombra de que se produzca un escalamiento del conflicto está presente. En sectores bandas armadas de delincuentes se suman al conflicto, tomando parte en contra de los colectivos paramilitares. En otros sectores, se da la lucha en la calle, por medios no convencionales o con violencia irracional sin objetivos claros que se quieran alcanzar, fuera de la renuncia del presidente o algo parecido. El tejido social en ciertos ambientes parece deshilacharse. La ausencia de la salida política puede abrir a un conflicto de proporciones insospechadas: ¿qué pasaría si, por ejemplo, un componente de la Fuerza Armada decide enfrentar a los demás?

Mientras tanto, la dirigencia opositora, esa que permanece libre, aunque los más notables inhabilitados, busca seguir articulando la protesta masiva y pacífica. Consideran que la violencia en la calle, como los grupos anárquicos que crean barricadas, quizás numéricamente pequeños, ponen montículos o encienden cauchos (llantas) puede jugar a favor del gobierno y a que se inhiba la población pacífica. El sentido de algunos, que puede que en un primer momento reaccionaron contra el temor de ser atacados por grupos de delincuentes paramilitares (porque atacan, intimidan y roban; arrancan rejas de protección a las casas y dañan vehículos al amparo de los cuerpos de seguridad) con esas medidas. Poco a poco fue transformándose en una manera de protesta. En algunos sitios, la GNB los repele a sangre y fuego. Pero haciendo gala de una gran irracionalidad, estos grupos anárquicos se vuelven en contra de sus aliados naturales: los mismos vecinos de sectores de oposición. No solo es el libre tránsito o la facilidad para llegar al trabajo (porque se debe seguir trabajando, inclusive como una manera de poder resistir y protestar), sino casos, ojalá que aislados. Como la madre que, de noche, en algún lugar de la ciudad capital, intenta desesperadamente llevar a su hija, de unos 7 años, que está convulsionando, a un centro de salud. No hubo forma posible de mediación: en un descuido, la mujer aceleró su vehículo para sortear los obstáculos, consiguiendo que una lluvia de piedras destrozara los vidrios del carro (coche), y los fragmentos cayeran sobre la niña. Poco sentido de la situación, de parte de estos grupos, y de entender quiénes son los aliados que se deben evitar perder.

Wuilly Arteaga, símbolo de resistencia y esperanza

En este contexto se puede entender el artículo de Luis Vicente León, “¿Y dónde está el piloto?” Y la opinión del psicólogo Axel Capriles manifestada en “Venezuela en protesta está de psiquiatra”.

Me retiro de la consulta sin ser atendido. Está cayendo una tromba de agua. Como puedo llego hasta mi carro (coche). Son casi las 6 de tarde, y eso es muy tarde para la insegura realidad venezolana. Además, debo acompañar a la Vicaría de Derechos Humanos en la visita a la golpeada comunidad de La Sucre. Comienzo a chequear información por las redes y a comunicarme con el resto de la Vicaría. Me informan que la visita a la Sucre se tiene que suspender. Las calles están tomadas por manifestantes, con todo y lluvia, y que ya se está apostando la Guardia Nacional Bolivariana. Va a ser imposible pasar, además de peligroso. Se temen nuevos allanamientos, con o sin orden judicial. Como Venezuela, habrá que aguardar a otra oportunidad, para que el futuro nos alcance. Lo importante es no detener la marcha hacia el mañana.